¿Se ha logrado el objetivo de la Reforma en Telecomunicaciones?

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Ernesto Piedras cuenta los resultados benéficos después de tres años de que la Reforma se puso en marcha, y analiza si realmente se cumplió con el objetivo central
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Ya han pasado tres años de la Promulgación de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones. Ernesto Piedras, director General en The Competitive Intelligence Unit (CIU), analiza los resultados de este corpus institucional y si realmente se ha cumplido con el objetivo central.

A partir de la Reforma, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), los Tribunales Especializados y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones. Entre otros cambios están el ejercicio de recursos para el desarrollo de infraestructura, el apagón analógico, y la entrada de operadores en diversos segmentos.

Durante este periodo, los precios bajaron un 22.6%, los consumidores ahorraron alrededor de 20 mmdp al año por la eliminación de cargos de larga distancia nacional y 3 mmdp por la desaparición del roaming nacional. Además, la Reforma ha propiciado una inversión privada en telecomunicaciones que asciende a 164 mmdp y una Inversión Extranjera Directa de 2,712 mdd en el último año.

Piedras recuerda que el objetivo central de la Reforma es fomentar la competencia efectiva como mecanismo para la maximización del bienestar del consumidor. Aunque se ha detonado una dinámica de mercado a favor de los operadores competidores, a estos tres años, no se ha logrado una reconfiguración y balanceo de mercado frente a la excesiva concentración que ostenta el agente económico preponderante en Telecomunicaciones.

Es decir, las aplicaciones de la Reforma han sido insuficientes para equilibrar la participación de los competidores en el mercado, tal como reconoce el propio Ernesto Estrada, comisionado del IFT.

La disminución de precios es producto de una intervención regulatoria, y no resultado de la dinámica de mercado por sí misma. Piedras recalca que la tarea pendiente que tiene el regulador es, precisamente, la gestación de competencia efectiva para asegurar la materialización esperada de los efectos y las promesas de la Reforma Constitucional.

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