Gobierno de México resta conectividad y aumenta brecha digital

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“Desconectar” a la población va en contra del artículo sexto constitucional que califica el acceso a internet en México
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Políticas de austeridad del gobiernos mexicano restan conectividad al país con el retiro de equipos de cómputo en diversas dependencias y cancelación de fideicomisos
Brecha Digital

Expansión.- La política de austeridad de la actual administración dicta la reducción de 75% del gasto lo cual derivó en el retiro de equipos de cómputo en diversas dependencias, cancelación de fideicomisos como el del programa de conectividad e-México así como del cese a la renovación de varios contratos marco referentes a tecnologías de la información.

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Analistas ven que dichas reducciones contradicen a la propuesta de la misma administración de ayudar a conectar al país y harán más ancha la brecha digital, lo cual no solo tendrá un alto impacto en las personas que pueden perder acceso a conectividad si no que reducirán el acceso de la población a servicios digitales como trámites, salud, educación en línea e incluso la posibilidad de trabajar desde casa.

Además, “desconectar” a la población va en contra del artículo sexto constitucional que califica el acceso a internet en México como un derecho.

 

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Estos son algunos de los casos documentados en torno a la reducción de presupuestos de tecnología y cancelación de contratos marco referentes a licencias de software.

1. De acuerdo con información de Compranet, se han cancelado varios contratos en materia de tecnología desde 2018; un ejemplo es la cancelación del Contrato Marco en Materia de Software 2019 y la cancelación del Contrato Marco para la Contratación de Servicios y Adquisición de Productos de Licenciamiento de Microsoft en esquema de suscripción, actualización y soporte o nuevas licencias para Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, anunciado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2020.

2. En abril la actual administración anunció la cancelación del fideicomiso e-México, un programa que proveía de conectividad a al menos 12 millones de personas desde 2002.

3. El 16 de julio, Animal Político publicó que la Secretaría del Trabajo regresaría a sus labores pero con el retiro de computadoras para algunos de sus funcionarios en aras de cumplir con las medidas de austeridad anunciadas el 28 de mayo por la Dirección General de Tecnologías de Información.

 

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4. El 9 de julio, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) anunció que el organismo se quedaría sin equipo de cómputo por la política de austeridad del actual gobierno.

5. A mediados de julio la doctora Julia Tagüeña, renunció a la dirección del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por falta de recursos. El foro operaba como órgano autónomo de expresión científica desde 2002.

Uno de los efectos a largo plazo de desconectar programas como e-México es limitar el acceso a la conectividad al segmento conocido como “prepago soft”, un sector cuyo gasto en tecnología mensualmente (ARPU) es menor a 100 pesos. Este tipo de usuario que corresponde a 43.5 millones de personas aún depende mucho de las conexiones públicas que se verán reducidas al cancelar fideicomisos como eMéxico.

“El prepago soft lo encuentras mucho en niveles socioeconómicos bajos y en zonas rurales donde hay cobertura y son los más afectados de estas medidas y que hace que la brecha se incremente”, dijo.

En México sólo 22.5 millones de personas son las que cuentan con un plan de acceso a banda ancha móvil, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

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Aunado a los efectos de desconexión, el no renovar licencias de software y reducir el presupuesto de tecnología abre la puerta a vulneraciones de ciberseguridad y a un laxo manejo de datos sensibles en distintas dependencias de gobierno.

En semanas pasadas diferentes dependencias como Banxico, la Condusef y el SAT fueron víctimas de ciberataques.

 

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“Esto es también una muestra de la vulnerabilidad de los sistemas y si le recortas presupuesto el problema se puede poner mucho peor”, dijo.

De acuerdo con Gonzalo Rojón, analista de Competitive Intelligence Unit,  en el país prevalece la necesidad de una estrategia digital y políticas públicas, basadas en alianzas público privadas, para generar mejor acceso a servicios digitales que incentiven nuevas aristas económicas.

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