Abre 5G Americas debate sobre el bloqueo de señales

Autor:
La firma explicó que se requiere la colaboración de los gobiernos para establecer lineamientos claros que preserven la seguridad pública al bloquear las señales de radiocomunicación.
Trabajo colaborativo

Palabras clave

5G Americas publicó su white paper titulado ‘El bloqueo de señales de servicios móviles en América Latina’, en el que destacó que las distintas soluciones tecnológicas que existen para bloquear las señales de radiocomunicación en un área específica son efectivas en mayor o menor medida, pero ninguna es inocua. Se pueden bloquear totalmente las comunicaciones en cárceles, pero se corre el riesgo de afectar el servicio de la población en zonas cercanas.

El documento, que repasa las legislaciones de los países latinoamericanos sobre el uso de bloqueadores de señales de servicios móviles, reveló diferencias en la atribución de responsabilidades sobre el uso de este tipo de equipamiento, y resaltó que muchas normativas van en contra de las obligaciones que el Estado impone a los operadores móviles, por ejemplo, en materias de cobertura y calidad de servicio.

Según se expuso, algunas leyes indican que la responsabilidad del uso de los inhibidores de señales corresponde al Estado, en tanto que otras señalan que es responsabilidad de los operadores de servicios móviles. A pesar de las diferencias de criterios, los operadores móviles han adoptado las medidas propuestas por las autoridades sobre la forma en que deben inhibirse las comunicaciones en las prisiones, en su apego a la ley.

Sin embargo, en algunos casos, las mismas legislaciones parecieran colocar en una situación análoga a la de cómplices de delito a los operadores al castigarlos con multas económicas —castigos que incluso pueden llegar a ser penales— en caso de que los bloqueos no sean ciento por ciento exitosos. Como se explica en el documento, no existe una solución totalmente efectiva del bloqueo de comunicaciones en los penales que no perjudique a usuarios móviles que se encuentren en las cercanías de las instalaciones carcelarias.

Como conclusión, el documento resaltó que la industria móvil no puede ni debe ser la única responsable de corregir esta situación. Es el Estado quien debe velar por la seguridad de las personas y definir, en conjunto con las partes interesadas, las mejores y más razonables alternativas para evitar las comunicaciones con fines delictivos que se llevan adelante en los presidios de la región.

Contenido relacionado:

¡ Déjanos un comentario !